Fundación Bien Humano

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Familia, Derechos Humanos y Participación

Colombia es un Estado Social de Derecho según el artículo primero de la Constitución Política de 1991. Esto significa que los representantes del poder público, o sea el gobierno, tienen la obligación de servir a la comunidad, promover la prosperidad general, respetar la dignidad humana y garantizar los derechos fundamentales de todos los hombres y las mujeres que habitamos el país. Para lograr esos objetivos los gobiernos deben guiarse por principios y valores como: la prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad, la búsqueda de la equidad social y la participación ciudadana.

¿Por qué en un Estado Social de Derecho es tan importante la participación? Porque todos los ciudadanos y ciudadanas hacemos parte del Estado y por consiguiente para que tengamos una vida digna, tenemos la responsabilidad de elegir a las personas que nos gobiernan, velar para que cumplan con sus obligaciones y exigir el respeto de nuestros derechos. Ser ciudadano o ciudadana no es solamente portar una cédula y usarla para abrir una cuenta bancaria, recibir servicios o para ejercer el derecho de votar en las elecciones. Ser ciudadano o ciudadana es poder gozar de los derechos, de los bienes públicos y los recursos económicos, sociales y culturales del país, como también cumplir con deberes como el respeto por las leyes, pagar impuestos, votar y participar en la toma de decisiones de asuntos relacionados con la organización de la sociedad, con la inversión y el gasto público.

Para lograr una participación social y ciudadana responsable es importante que todos y todas tengamos una adecuada información de la manera cómo funciona el Estado y, además, tener la capacidad de analizar y tomar posiciones sobre lo que los gobiernos hacen o no hacen en pro de toda la sociedad, así como sentirnos libres de cuestionar a nuestros gobernantes cuando no cumplen con sus obligaciones y reclamar cuando sentimos vulnerados nuestros derechos. La participación puede darse de diferentes maneras: 1. Incidir en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con el desarrollo y el bienestar de las comunidades. 2. Reclamar a las entidades del Estado el cumplimiento de los programas y de las políticas para que los recursos estén al servicio del conjunto de la sociedad. 3. Reclamar a las entidades competente el restablecimiento pleno de los derechos cuando sentimos que han sido vulnerados.

Para una mejor comprensión de lo qué significa ser ciudadano, con derechos y obligaciones, pondré el ejemplo de una familia.  Se espera que todos los miembros de una familia, como parte de un grupo, tengan los mismos derechos y similares condiciones de vida. Sería injusto que en una familia el padre tenga trabajo, educación, salud, pueda dormir, comer y descansar en paz, y que los hijos o la esposa no los tengan. No sería justo que el padre o la madre gaste lo que gana en comer, beber licor, comprar ropa y distraerse, y a la vez el cónyuge y los hijos pasen hambre y necesidades. Cuando se habla de un país, también se espera que los recursos naturales, económicos, culturales estén al servicio de toda la población. Cuando eso ocurre hay equidad y justicia. Los derechos se establecieron para garantizar que todos los habitantes del país tengamos una vida digna, sin discriminación por procedencia, edad, sexo, ocupación, religión, ingresos, etnia, ideología. Eso se llama equidad y justicia social y se logra mediante leyes, políticas públicas y programas a favor de las poblaciones con menores recursos y con mayores dificultades y necesidades.

Como las familias son muy importantes para la conservación y el desarrollo del Estado, con base en los derechos establecidos en la Constitución Política se establecieron unos derechos particulares para ellas. Es así como el congreso de la república aprobó en el 2009 la Ley 1361, de Protección Integral a la Familia, que tiene por objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad.

En el artículo cuarto se establece que el Estado debe garantizar a la familia el ejercicio pleno de los siguientes derechos:

  1. Derecho a una vida libre de violencia.
    2.Derecho a la participación y representación de sus miembros.
    3. Derecho a un trabajo digno e ingresos justos.
    4. Derecho a la salud plena y a la seguridad social.
    5. Derecho a la educación con igualdad de oportunidades, garantizando los derechos a la asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, en condiciones de universalidad, equidad, calidad y gratuidad.
    6. Derecho a la recreación, cultura y deporte.
    7. Derecho a la honra, dignidad e intimidad.
    8. Derecho de igualdad.
    9. Derecho a la armonía y unidad.
    10. Derecho a recibir protección y asistencia social cuando sus derechos sean vulnerados o amenazados.
    11. Derecho a vivir en entornos seguros y dignos.
    12. Derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos.
    13. Derecho a la orientación y asesoría en el afianzamiento de la relación de pareja.
    14. Respeto y libertad en la formación de los hijos de acuerdo a sus principios y valores.
    15. Derecho al respeto recíproco entre los miembros de la familia.
    16. Derecho a la protección del patrimonio familiar.
    17. Derecho a una alimentación que supla sus necesidades básicas.
    18. Derecho al bienestar físico, mental y emocional.
    19. Derecho a recibir apoyo del Estado y la sociedad para el cuidado y atención de personas adultas mayores.

 

Como los derechos de las familias están establecidos por Ley de la República, se espera que todas las familias colombianas tengamos una vida libre de violencias, accedamos a trabajo e ingresos justos, tengamos educación, salud, alimentación, igualdad de oportunidades. Pero la realidad nos muestra que muchas de las familias en Colombia no tienen acceso a la educación, no tienen trabajo o sus trabajos son mal remunerados y no obtienen ingresos que les permita tener una alimentación adecuada y una vivienda digna, además, hace falta espacios y tiempo para recrearse, están expuestas a violencia social, no han resuelto sus conflictos y sufren violencia intrafamiliar y no tienen acceso a servicios que les brinde protección y acompañamiento para resolver sus problemas.

Y si el logro del bienestar y de la equidad social está escrito en la Constitución Política, ¿por qué tantas familias sufren pobreza, falta de empleo, de salud, de educación y de alimentos? Una de las razones puede ser que no hemos aprendido a participar y tener incidencia política como ciudadanos y ciudadanas y reclamar la protección y vigencia de los derechos. Comúnmente las familias solo nos unimos en momentos de alegría o de dolor, de solidaridad ante las necesidades y calamidades, pero no nos unimos para conocer los derechos y aún las obligaciones que tenemos como habitantes de un país como Colombia. No conocemos los procesos, ni la manera que tenemos las familias para acceder a los servicios a los que tenemos derecho, además poco hemos explorado los mecanismos que están establecidos por Ley para demandar y exigir a las entidades gubernamentales competentes que garanticen los derechos que ya están amparados por la Constitución Política y las leyes.

Es muy común en las familias pensar que los problemas que tenemos para vivir bien y dignamente es un asunto de nosotras mismas, pero no pensamos que si estamos viviendo mal no es porque no nos guste trabajar, o porque somos vagos, indiferentes, agresivos, perezosos. La mayoría de las veces eso sucede porque el Estado no nos brinda las oportunidades mediante políticas de empleo, de educación gratuita, de capacitación, de recreación, de asistencia a las familias cuando tenemos problemas de convivencia.

Para lograr una mayor participación es necesario que conozcamos cuáles son nuestros derechos como familias y como ciudadanos/as, y así poder utilizar mecanismos como la acción de tutela, el derecho de petición, la acción de cumplimiento, la acción popular, la acción de grupo y hasta la protesta social, todos ellos son mecanismos reconocidos por la Constitución Política y las leyes y con los cuales podemos lograr algunos cambios positivos para las familias y para la comunidad. Con la organización y la participación activa y decisiva de las familias y las comunidades es posible lograr cambios positivos para beneficio de la población más vulnerable.

 

Blanca Inés Jiménez Z
Trabajadora Social
Socia de la Fundación Bien Humano

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