Llamado urgente para la implementación de educación sexual como medida de prevención en colegios y universidades

Las señales dejan de ser evidentes para pasar a ser trágicas. Bogotá, Medellín, Cauca, Ibagué… Todas las semanas llegan noticias de un nuevo acto de acoso o abuso sexual en las instituciones educativas públicas y privadas de Colombia. Colegios y universidades, sin importar el estrato, son escenario de la denuncia de una serie de delitos que atentan contra la dignidad humana y la salud pública de miles de colombianos, en especial las niñas y mujeres jóvenes.

En ese sentido, desde la Fundación Bien Humano, realizamos un enérgico llamado para que la institucionalidad nacional otorgue a la educación sexual el valor y la trascendencia de aquello que tiene el poder de salvar una vida. Aunque la normativa colombiana reconoce como un derecho de los niños, niñas y adolescentes recibir este tipo de educación, como medida para protegerles contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación; la realidad muestra que en la mayoría de colegios y universidades esto se consagra como letra muerta.

Estudios recientes del Laboratorio de la Economía de Educación de la Universidad Javeriana demostró que 7 de cada 10 colegios no capacitaron al equipo docente en educación para la sexualidad humana, derechos sexuales y reproductivos durante los últimos 2 años. Solo 1 de cada 10 entrega información sobre métodos de anticoncepción. Y solo 1 de cada 5 tiene un protocolo (ruta) para la atención de casos de violencia sexual.

En días pasados el DANE publicó que en Colombia, cada día nacen en promedio tres bebés con madres entre los 10 y los 14 años. Algo que a todas luces está tipificado como producto de una violación, según el Código Penal y como una atrocidad desde cualquier óptica humanista.

No en vano la premisa feminista demanda: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. La violencia de género no se puede normalizar en las instituciones educativas, que deberían ser entornos protectores, bajo la premisa de la presunción de inocencia: toda denuncia de acoso o abuso sexual debe ser atendida inmediatamente, a la par que se toman medidas preventivas para proteger la integridad de las comunidades educativas. Ya será la justicia la que luego determine responsabilidades penales, pero mientras tanto el silencio y la inacción no pueden convertirse en cómplices de un delito atroz, que suele no conocer límites.

Como sociedad no podemos tolerar que los colegios y universidades, que es donde más seguros deberían estar nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sigan siendo escenarios propicios para la impunidad en deterioro de la salud física y mental de ellos. La acción urgente está en quebrar el silencio y hablar de manera responsable, clara y consistente en las aulas de los derechos sexuales y reproductivos, las rutas de atención en caso de presuntos acosos u abusos, así como de toda la información que permita que las víctimas alcen la voz antes de que sigamos siendo testigos mezquinos de cómo esas vidas se quiebran en silencio.

Finalmente, exhortamos a todos los dirigentes nacionales, en especial a los candidatos a cargos de representación popular (Congreso y Presidencia) a que incluyan dentro de sus agendas esta problemática que, reiteramos, no distingue de territorio o clase social: la realidad indica que la próxima víctima podría estar en su entorno familiar más cercano.